LD (EFE) En su escrito, el Ministerio Fiscal entiende que los pagos efectuados por el SCH -108 millones a Corcóstegui y 43,75 millones a Amusátegui- son diferentes, pero en ambos casos lícitos, dado que respetan la Ley de Sociedades Anónimas. El pago a Amusátegui, continúa el fiscal, fue consecuencia de un "bono de jubilación", se recogió en las cuentas anules de la entidad financiera y está permitido por los estatutos del banco. En el caso de Corcóstegui, el Ministerio Fiscal también entiende que hay cobertura estatutaria, dado que el pago correspondía a la jubilación del mismo y a la externalización de los compromisos por pensiones que tenía en el banco.
El fiscal “descarta que exista actividad delictiva , ya que del relato de los hechos no se desprende que hayan existido actos de disposición fraudulenta" de fondos, y añade que las cuentas del banco fueron aprobadas por los accionistas y en ellas se incluían los citados pagos. La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios deberá decidir ahora sobre el archivo del caso, en el que también están imputados el ex presidente del banco José María Amusátegui y el ex-consejero delegado Angel Corcóstegui, debido a las cantidades que percibieron al abandonar sus puestos en el SCH.
El llamado caso de las jubilaciones se admitió a trámite por la Audiencia Nacional en noviembre del 2002, a raíz de una querella presentada por el abogado Juan Francisco Franco Otegui contra Botín y Amusátegui en la que se acusaba a éstos de haber cometido un delito societario. Este delito, según el denunciante, se produjo cuando el banco pagó a Amusátegui el citado bono por anticipar su salida de la presidencia del SCH. Posteriormente, en marzo de 2003, la juez incorporó a la causa el pago de 108 millones a Corcóstegui -de los que percibió 56 millones netos- como consecuencia de una denuncia presentada por el ex consejero de Banesto y accionista del SCH Rafael Pérez Escolar.
El fiscal “descarta que exista actividad delictiva , ya que del relato de los hechos no se desprende que hayan existido actos de disposición fraudulenta" de fondos, y añade que las cuentas del banco fueron aprobadas por los accionistas y en ellas se incluían los citados pagos. La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios deberá decidir ahora sobre el archivo del caso, en el que también están imputados el ex presidente del banco José María Amusátegui y el ex-consejero delegado Angel Corcóstegui, debido a las cantidades que percibieron al abandonar sus puestos en el SCH.
El llamado caso de las jubilaciones se admitió a trámite por la Audiencia Nacional en noviembre del 2002, a raíz de una querella presentada por el abogado Juan Francisco Franco Otegui contra Botín y Amusátegui en la que se acusaba a éstos de haber cometido un delito societario. Este delito, según el denunciante, se produjo cuando el banco pagó a Amusátegui el citado bono por anticipar su salida de la presidencia del SCH. Posteriormente, en marzo de 2003, la juez incorporó a la causa el pago de 108 millones a Corcóstegui -de los que percibió 56 millones netos- como consecuencia de una denuncia presentada por el ex consejero de Banesto y accionista del SCH Rafael Pérez Escolar.