LD (EFE) La Asociación de Asesores Fiscales sostiene que la actual regulación del impuesto de sucesiones y donaciones tiene graves deficiencias técnicas que le hacen "pecar de inconstitucional" y que este tributo genera desigualdades territoriales y dispersión normativa, al haber iniciado algunas comunidades autónomas su reforma o supresión.
El catedrático de Derecho Tributario de la Universidad de Santiago de Compostela, Cesar García Novoa, autor de un informe sobre el Impuesto de Sucesiones, explicó que este tributo vulnera presuntamente algunos principios constitucionales en materia de tributación, como el de justicia tributaria y capacidad contributiva. La Asociación considera que este impuesto grava patrimonios medios y bajos, de los "no ricos" , con lo que se produce una contradicción con su naturaleza histórica, dado que las grandes fortunas disponen de mecanismos para eludir el pago.
Durán-Sindreu, quien dirige en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander un curso sobre los aspectos fiscales del derecho sucesorio, aseguró en conferencia de prensa que los gobiernos autonómicos no tienen capacidad normativa para suprimir este impuesto, porque es estatal, y avisó de que cualquier medida que conlleve su desaparición en la práctica supone "usurpar" una competencia del Estado.
El presidente de la Asociación, Antonio Durán-Sindreu, se mostró de acuerdo con la propuesta del Defensor del Pueblo de que sea el Estado, y no las comunidades autónomas, el que reforme este impuesto y anunció que en unos 45 días presentarán una propuesta concreta de modificación, que esperan que sea asumida por el partido que gane las próximas elecciones generales .
El catedrático de Derecho Tributario de la Universidad de Santiago de Compostela, Cesar García Novoa, autor de un informe sobre el Impuesto de Sucesiones, explicó que este tributo vulnera presuntamente algunos principios constitucionales en materia de tributación, como el de justicia tributaria y capacidad contributiva. La Asociación considera que este impuesto grava patrimonios medios y bajos, de los "no ricos" , con lo que se produce una contradicción con su naturaleza histórica, dado que las grandes fortunas disponen de mecanismos para eludir el pago.
Durán-Sindreu, quien dirige en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander un curso sobre los aspectos fiscales del derecho sucesorio, aseguró en conferencia de prensa que los gobiernos autonómicos no tienen capacidad normativa para suprimir este impuesto, porque es estatal, y avisó de que cualquier medida que conlleve su desaparición en la práctica supone "usurpar" una competencia del Estado.
El presidente de la Asociación, Antonio Durán-Sindreu, se mostró de acuerdo con la propuesta del Defensor del Pueblo de que sea el Estado, y no las comunidades autónomas, el que reforme este impuesto y anunció que en unos 45 días presentarán una propuesta concreta de modificación, que esperan que sea asumida por el partido que gane las próximas elecciones generales .