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El Plan Ibarretxe costaría al País Vasco 1.500 millones de euros y dispararía el desempleo

El plan rupturista de Ibarretxe no sólo obligaría al nuevo "estado libre asociado" a hacer frente a los 1.500 millones de euros que costaría la independencia, sino que también tendría consecuencias "nefastas para el empleo", según los cálculos del catedrático Mikel Buesa, hermano del secretario general de los socialistas alaveses asesinado por ETA en febrero de 2000.

L D (Agencias) Las tesis rupturistas de Juan José Ibarretxe para que el País Vasco se convierta en un "estado libre asociado", un "Eusko-Rico" a la española, necesitarán de un respaldo económico que, hasta la fecha, ni el Gobierno vasco ni el PNV han contemplado en público. Según los cálculos de Mikel Buesa, la independencia ansiada por el lehendakari le costaría al País Vasco cerca de 1.500 millones de euros. De esos, 640 millones se gastarían en relaciones internaciones, 760 millones en la creación de un Ejército, 60 en el sistema independiente de Justicia, y 34 millones en la gestión de su propio sistema monetario.

Pero las consecuencias negativas para la economía vasca no sólo estarían motivadas por el incremento desorbitante del gasto, ya que la independencia supondría además un aumento de diez puntos en los niveles desempleo, que pasaría del 9 por ciento actual hasta el 19 por ciento. El catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid estimó que, si se toma el panorama antes descrito como base, la situación económica pasaría de los 89.000 parados actuales hasta 178.000, con una destrucción total de 90.000 puestos de trabajo en el caso más favorable y de 180.000 según las previsiones más pesimistas.

"Tercer país", ajeno a España y la UE

Durante los Cursos de Verano de la Universidad Complutense, que se están celebrando en El Escorial, Mikel Buesa ha explicado además que la pérdida de actividad económica en la región, como consecuencia del aumento de costes empresariales, golpearía a, cuando menos, un 20 por ciento del PIB de la zona y que se crearía un déficit mínimo en la Seguridad Social de 660 millones de euros. El catedrático basa sus cálculos en que el País Vasco, al separarse de España (y por tanto también de la UE), pasaría a adquirir el rango de "tercer país" y asumiría los costes arancelarios y aduaneros. Actualmente, el 65 por ciento de las ventas del país Vasco se realizan a España, por lo que los empresarios tendrían que verse obligados a buscar nuevas estrategias para recomponer sus negocios.

En este contexto, el pago de aranceles y el aumento de los costes de transacción en puestos fronterizos con Navarra, Cantabria, Burgos o La Rioja, ocasionaría que el comercio exterior del País Vasco se viera afectado por una subida de precios y un descenso de la demanda, lo que abocaría a la región a un descenso del cuatro por ciento del PIB, como estimación mínima, y un 10 por ciento como máxima. En total, la pérdida de la actividad económica en el "estado libre asociado" se cifraría en un 20 por ciento del PIB.

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