L D Estructurado como una constitución , el borrador del “Estatuto Político de la Comunidad Libre Asociada de Euskadi” cuenta con un preámbulo y siete títulos , que se cierran con dos disposiciones transitorias y la derogatoria del vigente estatuto de Guernica. Tal y como publican los medios del Grupo Correo, sesenta y nuevo artículos en total con los que Ibarretxe pretende crear una “nueva entidad política”.
El texto es el programa unilateral de nacionalismo obligatorio. Pretende derogar la Constitución española por “voluntad vasca” en lo que se refiere al País Vasco y Navarra. Pero además colisiona con el proyecto de Constitución europea, que excluye la reclamación de supuestos “derechos históricos”, garantiza la integridad territorial de los estados fundadores y niega el reconocimiento de nacionalidades intermedias entre los ciudadanos y los estados de la Unión Europea.
No hay novedades en las reivindicaciones que plantea este borrador de la nueva “Comunidad Libre Asociada”, son las mismas competencias que el nacionalismo y ETA exigen. El plan se basa en el derecho de autodeterminación del “pueblo vasco”, que entiende integrado por Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, Navarra y la parte francesa que engloba en Behenafarroa, Lapurdi y Zuberoa.
El partido de ETA, de nuevo en la legalidad
La Cámara de esta nueva Comunidad Libre Asociada se reserva en exclusiva el “régimen de creación, reconocimiento, organización y extinción de partidos políticos, sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales”.
Además, el Estatuto contempla aforar a los parlamentarios que delincan fuera de la Comunidad ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, una instancia, la del alto tribunal, que queda reducida a un mero unificador de doctrina porque “la organización judicial vasca culminará en el Tribunal Superior de Justicia de Euskadi”.
El desmantelamiento del Estado que persigue este plan rupturista es total en el ámbito judicial. Las instituciones centrales que prevé la Constitución, como son el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo, son sustituidas en la nueva Comunidad por un Consejo Judicial vasco, que designe los cargos judiciales y los representantes del Ministerio Público, y por el Tribunal Superior de Justicia. También contempla un “Tribunal de Conflictos Euskadi-Estado”, en lugar del Tribunal Constitucional.
Junto a esto, la creación de la “nacionalidad vasca”, “compatible con la española y ambas tendrán carácter oficial”. También se reserva numerosas competencias del Estado porque proclama su facultad normativa sobre el ámbito socio-laboral y la Seguridad Social e incluso pretende crear un Tribunal de Cuentas Públicas propio y exclusivo.
Referéndum unilateral
La aprobación de este “Estatuto” correspondería “al Parlamento vasco, al Gobierno de Vitoria o a las Cortes Generales del Estado Español”. En septiembre se prevé que reciba el visto bueno de la Cámara vasca con los votos a favor del tripartido y la heredera de Batasuna. Para entonces, el PNV confía en que ETA cumpla y decrete un tregua, prueba evidente de que los terroristas son un instrumento más para conseguir los objetivos políticos.
Tras esto, comenzará un proceso de negociación con el Ejecutivo central, que no puede durar más de cinco meses. Es indiferente que haya o no acuerdo. porque Ibarretxe se reserva el derecho a someter unilateralmente a referéndum la propuesta.
Entre tanto detalle, ni una sola referencia a la pluralidad ideológica y la diversidad territorial de la sociedad vasca. Todo se concentra en la exclusión étnica ideada por Sabino Arana y asumida por ETA en cada atentado.
El texto es el programa unilateral de nacionalismo obligatorio. Pretende derogar la Constitución española por “voluntad vasca” en lo que se refiere al País Vasco y Navarra. Pero además colisiona con el proyecto de Constitución europea, que excluye la reclamación de supuestos “derechos históricos”, garantiza la integridad territorial de los estados fundadores y niega el reconocimiento de nacionalidades intermedias entre los ciudadanos y los estados de la Unión Europea.
No hay novedades en las reivindicaciones que plantea este borrador de la nueva “Comunidad Libre Asociada”, son las mismas competencias que el nacionalismo y ETA exigen. El plan se basa en el derecho de autodeterminación del “pueblo vasco”, que entiende integrado por Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, Navarra y la parte francesa que engloba en Behenafarroa, Lapurdi y Zuberoa.
El partido de ETA, de nuevo en la legalidad
La Cámara de esta nueva Comunidad Libre Asociada se reserva en exclusiva el “régimen de creación, reconocimiento, organización y extinción de partidos políticos, sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales”.
Además, el Estatuto contempla aforar a los parlamentarios que delincan fuera de la Comunidad ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, una instancia, la del alto tribunal, que queda reducida a un mero unificador de doctrina porque “la organización judicial vasca culminará en el Tribunal Superior de Justicia de Euskadi”.
El desmantelamiento del Estado que persigue este plan rupturista es total en el ámbito judicial. Las instituciones centrales que prevé la Constitución, como son el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo, son sustituidas en la nueva Comunidad por un Consejo Judicial vasco, que designe los cargos judiciales y los representantes del Ministerio Público, y por el Tribunal Superior de Justicia. También contempla un “Tribunal de Conflictos Euskadi-Estado”, en lugar del Tribunal Constitucional.
Junto a esto, la creación de la “nacionalidad vasca”, “compatible con la española y ambas tendrán carácter oficial”. También se reserva numerosas competencias del Estado porque proclama su facultad normativa sobre el ámbito socio-laboral y la Seguridad Social e incluso pretende crear un Tribunal de Cuentas Públicas propio y exclusivo.
Referéndum unilateral
La aprobación de este “Estatuto” correspondería “al Parlamento vasco, al Gobierno de Vitoria o a las Cortes Generales del Estado Español”. En septiembre se prevé que reciba el visto bueno de la Cámara vasca con los votos a favor del tripartido y la heredera de Batasuna. Para entonces, el PNV confía en que ETA cumpla y decrete un tregua, prueba evidente de que los terroristas son un instrumento más para conseguir los objetivos políticos.
Tras esto, comenzará un proceso de negociación con el Ejecutivo central, que no puede durar más de cinco meses. Es indiferente que haya o no acuerdo. porque Ibarretxe se reserva el derecho a someter unilateralmente a referéndum la propuesta.
Entre tanto detalle, ni una sola referencia a la pluralidad ideológica y la diversidad territorial de la sociedad vasca. Todo se concentra en la exclusión étnica ideada por Sabino Arana y asumida por ETA en cada atentado.