(Libertad Digital) Este "Plan de Paz para la Autodeterminación del Pueblo del Sáhara Occidental" fue presentado por el representante especial del secretario general de la ONU para el territorio, James Baker, a las partes interesadas y los países vecinos a mediados del pasado mes de enero. Baker presentó su plan a las partes interesadas, Marruecos y el independentista Frente Polisario, así como a los países vecinos, Argelia y Mauritania, poco antes de que el Consejo de Seguridad de la ONU decidiera, el pasado 30 de enero, renovar durante dos meses el mandato de Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental (MINURSO).
El objetivo de aquella renovación del mandato de la MINURSO hasta el 30 de marzo (cuando se volvió a prorrogar hasta finales del mes de mayo) era "dar tiempo a las partes a estudiar la propuesta" que les había sido presentada días antes por el ex secretario de Estado, según indicaba la resolución 1.463 del Consejo de Seguridad. El nuevo "Plan Baker" establece que en las elecciones autonómicas serán elegidos un jefe ejecutivo y los miembros de la Asamblea Legislativa, que conformarán la llamada Autoridad del Sáhara Occidental, que junto con Marruecos administraría el territorio en el periodo transitorio de cuatro a cinco años que transcurrirá hasta que el referéndum de autodeterminación decida el estatuto final.
En las elecciones autonómicas podrán participar los mayores de 18 años reconocidos como votantes por la Comisión de Identificación de la MINURSO hasta el 30 de diciembre de 1999, unas 86.000 personas en total, y los saharauis refugiados en Tinduf (Argelia) y otros países que figuren inscritos en las listas de Alta Comisaría de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) hasta octubre de 2000, es decir unas 160.000 personas. En el referéndum de autodeterminación podrían participar además las personas que hayan residido de manera continua en el Sáhara Occidental desde el 30 de diciembre de 1999, condición que deberá ser avalada por al menos tres personas "creíbles" o a través de pruebas documentales. El Plan de Arreglo suscrito por las partes en 1991 preveía la celebración de un referéndum de autodeterminación en enero de 1992 para atribuir la soberanía sobre la antigua colonia española a Marruecos -que se anexionó el territorio en 1975- o al Frente Polisario.
Sin embargo, este referéndum no se ha podido celebrar hasta ahora por las diferencias entre Marruecos y el Frente Polisario en cuanto a la composición del censo electoral, ya que Marruecos interpuso unos 150.000 recursos al censo elaborado por la MINURSO. El nuevo plan presentado por Baker a las partes el pasado mes de enero establece que los votantes en las dos consultas previstas serán determinados por la ONU, cuya decisión final será "inapelable". El documento señala también que la autoridad única y exclusiva sobre la organización y celebración de las elecciones y el referéndum de autodeterminación recaerá sobre las Naciones Unidas y que dicho referéndum será supervisado por observadores internacionales acreditados por la ONU.
Durante el periodo transitorio que transcurrirá desde la eventual firma de este plan por Marruecos, el Polisario, Argelia, Mauritania y la ONU y la celebración del referéndum de autodeterminación, la Autoridad del Sáhara Occidental tendrá competencias exclusivas sobre el gobierno local, los presupuestos territoriales, la fijación de impuestos, el desarrollo económico y la seguridad interior. Esta Autoridad surgida de las elecciones autonómicas también tendrá competencias exclusivas en materia de aplicación de la ley, servicios sociales, asuntos culturales, educación, comercio, transporte, agricultura, minería, pesca, industria, medio ambiente, desarrollo urbano, vivienda, electricidad, agua, carreteras y demás infraestructuras básicas. Por su parte, Marruecos tendría competencias exclusivas sobre las relaciones exteriores, la seguridad interior y la defensa exterior, incluida la delimitación de las fronteras marítimas, aéreas o terrestres y su protección "con todos los medios adecuados".
El objetivo de aquella renovación del mandato de la MINURSO hasta el 30 de marzo (cuando se volvió a prorrogar hasta finales del mes de mayo) era "dar tiempo a las partes a estudiar la propuesta" que les había sido presentada días antes por el ex secretario de Estado, según indicaba la resolución 1.463 del Consejo de Seguridad. El nuevo "Plan Baker" establece que en las elecciones autonómicas serán elegidos un jefe ejecutivo y los miembros de la Asamblea Legislativa, que conformarán la llamada Autoridad del Sáhara Occidental, que junto con Marruecos administraría el territorio en el periodo transitorio de cuatro a cinco años que transcurrirá hasta que el referéndum de autodeterminación decida el estatuto final.
En las elecciones autonómicas podrán participar los mayores de 18 años reconocidos como votantes por la Comisión de Identificación de la MINURSO hasta el 30 de diciembre de 1999, unas 86.000 personas en total, y los saharauis refugiados en Tinduf (Argelia) y otros países que figuren inscritos en las listas de Alta Comisaría de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) hasta octubre de 2000, es decir unas 160.000 personas. En el referéndum de autodeterminación podrían participar además las personas que hayan residido de manera continua en el Sáhara Occidental desde el 30 de diciembre de 1999, condición que deberá ser avalada por al menos tres personas "creíbles" o a través de pruebas documentales. El Plan de Arreglo suscrito por las partes en 1991 preveía la celebración de un referéndum de autodeterminación en enero de 1992 para atribuir la soberanía sobre la antigua colonia española a Marruecos -que se anexionó el territorio en 1975- o al Frente Polisario.
Sin embargo, este referéndum no se ha podido celebrar hasta ahora por las diferencias entre Marruecos y el Frente Polisario en cuanto a la composición del censo electoral, ya que Marruecos interpuso unos 150.000 recursos al censo elaborado por la MINURSO. El nuevo plan presentado por Baker a las partes el pasado mes de enero establece que los votantes en las dos consultas previstas serán determinados por la ONU, cuya decisión final será "inapelable". El documento señala también que la autoridad única y exclusiva sobre la organización y celebración de las elecciones y el referéndum de autodeterminación recaerá sobre las Naciones Unidas y que dicho referéndum será supervisado por observadores internacionales acreditados por la ONU.
Durante el periodo transitorio que transcurrirá desde la eventual firma de este plan por Marruecos, el Polisario, Argelia, Mauritania y la ONU y la celebración del referéndum de autodeterminación, la Autoridad del Sáhara Occidental tendrá competencias exclusivas sobre el gobierno local, los presupuestos territoriales, la fijación de impuestos, el desarrollo económico y la seguridad interior. Esta Autoridad surgida de las elecciones autonómicas también tendrá competencias exclusivas en materia de aplicación de la ley, servicios sociales, asuntos culturales, educación, comercio, transporte, agricultura, minería, pesca, industria, medio ambiente, desarrollo urbano, vivienda, electricidad, agua, carreteras y demás infraestructuras básicas. Por su parte, Marruecos tendría competencias exclusivas sobre las relaciones exteriores, la seguridad interior y la defensa exterior, incluida la delimitación de las fronteras marítimas, aéreas o terrestres y su protección "con todos los medios adecuados".