L D (Agencias) Pérez Subías comentó que, con esta medida, “no se soluciona el problema del ciberterrorismo y que su aplicación tendría unas consecuencias “técnicas y económicas” que afectarían a multitud de empresas. En este sentido abogó por la implantación de medidas “menos restrictivas”. El presidente de la AUI cree que va a haber una “contestación muy fuerte en el sector de los usuarios de Internet y en ámbitos más amplios”, ya que esta propuesta afectaría a los usuarios de telecomunicaciones en general, lo que, por ejemplo, incluye a millones de usuarios de telefonía móvil.
Si esta medida entra en vigor, las empresas de telecomunicaciones y proveedores de Internet estarían obligados a mantener registros de llamadas y correos electrónicos durante un periodo de entre 12 y 24 meses. Esa es la normativa europea, que en caso de ser llevada adelante, sería aplicada y desarrollada por cada país miembro. La Policía tendría acceso a esos datos mediante una orden judicial cuando investigue delitos de una lista común de los 32 considerados más graves: terrorismo, asociación criminal, tráfico de personas, explotación sexual de menores, tráfico de drogas, blanqueo de dinero, fraude, racismo y secuestro, entre otros.
La iniciativa es un acuerdo marco de los ministros de Justicia e Interior que se planteó en la reunión del 20 de septiembre de 2001 bajo presidencia belga, se desarrolló en la española y la danesa quiere concretarla el próximo día 16. Cada país aplicaría y desarrollaría posteriormente sus propias normas nacionales, pero si la iniciativa se adpota como directiva de la UE, la trasposición habrá de ser literal, sin que ni siquiera el Parlamento de cada país pueda enmendarla.
Si esta medida entra en vigor, las empresas de telecomunicaciones y proveedores de Internet estarían obligados a mantener registros de llamadas y correos electrónicos durante un periodo de entre 12 y 24 meses. Esa es la normativa europea, que en caso de ser llevada adelante, sería aplicada y desarrollada por cada país miembro. La Policía tendría acceso a esos datos mediante una orden judicial cuando investigue delitos de una lista común de los 32 considerados más graves: terrorismo, asociación criminal, tráfico de personas, explotación sexual de menores, tráfico de drogas, blanqueo de dinero, fraude, racismo y secuestro, entre otros.
La iniciativa es un acuerdo marco de los ministros de Justicia e Interior que se planteó en la reunión del 20 de septiembre de 2001 bajo presidencia belga, se desarrolló en la española y la danesa quiere concretarla el próximo día 16. Cada país aplicaría y desarrollaría posteriormente sus propias normas nacionales, pero si la iniciativa se adpota como directiva de la UE, la trasposición habrá de ser literal, sin que ni siquiera el Parlamento de cada país pueda enmendarla.